El servicio de seguridad ruso denuncia que Telegram es la app más usada por los terroristas en el país

El Servicio de Seguridad Federal (FSB) ha denunciado que Telegram es la aplicación de mensajería móvil más utilizada por los terroristas en territorio ruso porque les permite crear chats “secretos” con un elevado nivel de codificación, según informa la agencia de noticias Sputnik.

“Milicianos de organizaciones terroristas internacionales en el territorio de Rusia usan de forma especialmente activa la aplicación de mensajería Telegram que les permite crear chats secretos con un alto nivel de cifrado de los datos transmitidos”, ha asegurado el FSB, en un comunicado.

El FSB ha explicado que el autor del atentado suicida en el metro de San Petersburgo, sus cómplices y los extranjeros que les apoyaban, “usaron Telegram para ocultar sus planes criminales en todas las etapas de la organización y los preparativos del ataque”.

El atentado suicida que tuvo lugar el 3 de abril en el metro de San Petersburgo acabó con la vida de catorce personas, incluido el terrorista, y dejó varias decenas de heridos. El Comité de Investigación de Rusia identificó al autor del ataque como Akbaryón Yalílov, un uzbeko de 22 años nacido en Kirguistán y con nacionalidad rusa.

Batalla contra Telegram

El ente regulador de medios de Rusia, Roskomnadzor, acusó la semana pasada al creador de Telegram, Pável Dúrov, de mantener una posición neutra ante los terroristas y los criminales que usan su servicio de mensajería.

Anteriormente, Roskomnadzor había exigido a Durov presentarle los datos para incluir el servicio en el registro de organizaciones de difusión de información, cumpliendo de esta manera la legislación rusa. De incumplir esta exigencia, según Sputnik, el servicio quedará bloqueado en la totalidad del territorio ruso.

Durov respondió que el bloqueo de Telegram no ayudará a los intereses de Rusia porque beneficiaría a otras aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Facebook Messenger que, según él, están controlados por Estados Unidos.


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Facua denuncia a Orange por subir su tarifa Love hasta 5 euros sin respetar la permanencia

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Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la operadora de telecomunicaciones Orange por subir las tarifas de su paquete convergente Love sin respetar los compromisos de permanencia adquiridos con los clientes en sus contratos.

La denuncia se ha remitido a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde Orange tiene su sede social, ha informado hoy Facua en un comunicado.

Orange ha avisado a sus clientes de una subida para el próximo 19 de febrero de entre 2 y 5 euros en las tarifas de su paquete convergente Love, que incluye telefonía fija, móvil, internet y televisión.

La empresa ofrece a cambio un mayor consumo de datos, pero no da la opción a los consumidores de mantener las condiciones y por lo tanto la tarifa anterior.

Facua recuerda que esta oferta convergente de Orange “sólo existe desde noviembre pasado y cuatro meses después, aplica la primera subida”.

Además, explica que la modificación unilateral de las tarifas es una práctica abusiva al no respetarse ningún compromiso temporal de mantenimiento de las condiciones y prestaciones acordadas con el consumidor.

Sin embargo, Orange “sí firma con un gran número de clientes compromisos de permanencia que conllevan para el consumidor el pago de penalizaciones en el caso de que decidiera resolver anticipadamente el contrato”.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge, en su artículo 82, que son cláusulas abusivas las “no negociadas individualmente” y “no consentidas expresamente” que, entre otras cosas, “vinculen el contrato a la voluntad del empresario” y “determinen la falta de reciprocidad en el contrato”


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¿Recibe la velocidad de Internet que paga? La OCU denuncia deficiencias en el servicio

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha criticado la “gran diferencia” que existe entre la velocidad prometida por los operadores y la real en los contratos de acceso a Internet, según se desprende de los datos obtenidos en cerca de 8.000 mediciones llevadas a cabo por la asociación.

La OCU lanzó hace un mes la campaña ‘Dame la Velocidad que Pago’ para reclamar que se garantice la velocidad de Internet ofertada por las operadoras, que incluía la posibilidad de que los usuarios realizaran mediciones de su velocidad a través de una herramienta puesta a disposición por la organización.

Teniendo en cuenta aquellos servicios en los que han participado al menos 50 usuarios, la OCU destaca que en aquellos con tecnología ADSL/VDSL se obtiene de media tan solo un 50% de la velocidad indicada como contratada.

En el caso de las conexiones a través de fibra/cable, las mediciones realizadas por los internautas con la herramienta de la OCU apuntan que la situación es mejor al lograrse velocidades que alcanzan hasta el 86% de la velocidad prometida por el operador.

A pesar de los mejores resultados globales que arrojan las mediciones realizadas sobre líneas de fibra óptica, en las líneas en las que la velocidad de descarga prometida es mayor, es decir, las de 300 megas, las diferencias entre velocidad real y contratada es muy significativa, pues solo llega al 60% de lo prometido.

En este mes se han hecho cerca de 8.000 mediciones de velocidad, de las que un 41% han sido sobre líneas de ADSL/VDSL y un 55% sobre Fibra Óptica/cable. De todas ellas, un 38% de los usuarios son clientes de Movistar, un 21% de Vodafone-Ono, un 14% de Jazztel y un 11% de Orange.

Para la asociación, estos datos confirman la necesidad de que se obligue a los operadores a informar a los usuarios, antes de contratar, de la velocidad real que soporta su línea y de que aquellas garanticen al menos el 80% de esa velocidad real.

Por ello, anima a los internautas a que se unan a su campaña a través de su plataforma Movilízate y a que realicen mediciones con el fin de sustentar con datos reales las peticiones de cambio normativo que se van a trasladar a las autoridades.


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Facua denuncia a Orange por cobrar a los clientes el cambio de la línea a Amena

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Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Orange por cobrar a los clientes que optan por acogerse a alguna tarifa de Amena, pese a que ambas marcas son en realidad la misma compañía.

La asociación ha presentado un escrito ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid -donde la empresa tiene su domicilio fiscal- y ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi), por considerar que esta política es “abusiva e injustificada”, según informó en una nota.

En la página web de Amena se anuncia que los clientes de esta operadora “utilizan la red de Orange, sin ninguna diferencia”. Sin embargo, otro apartado advierte de que, en el caso de estar dado de alta en Orange y querer cambiarse a Amena, “la cuota de cambio tiene un coste de 7,26 euros en Península y Baleares, 6,42 euros en Canarias, 6,6 euros en Ceuta y 6,24 euros en Melilla”.

Facua recuerda que la Ley General para la Defensa de los Consumidores señala que se considerará “abusiva cualquier estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva”.

En este sentido, Amena especifica en su web que bastará con la tarjeta SIM de Orange para que la línea móvil pueda seguir operando con normalidad, por lo que a juicio de la asociación de consumidores es “evidente” que los cobros impuestos por Orange a los clientes que se acogen a una tarifa de Amena no están justificados, ya que el cliente sigue pagando por el servicio a la misma compañía.

Esta denuncia se produce después de que Facua Sevilla haya logrado recientemente que Orange anule el cobro de los 7,26 euros que facturó a un usuario por migrar éste su línea de teléfono móvil a Amena, al no ser informado de la existencia de esta cuota.

La asociación insta a las autoridades competentes que sancionen a Orange por la comisión de esta “práctica injustificada” y exijan a la compañía que deje de incurrir en estos cobros “abusivos”.


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Fedetaxi denuncia a Uber por su servicio de transporte alternativo a la Línea 1 del metro de Madrid

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Fedetaxi ha denunciado este miércoles el servicio línea U que Uber tiene intención de poner en marcha en Madrid mientras duren las obras de la línea 1 de Metro, entre el 3 de julio y el 12 de noviembre.

Línea U consiste en una línea regular de transporte que realiza el trayecto de la línea 1 de Metro para viajeros que comparten un vehículo turismo y el coste del trayecto.

Esto, a juicio de los taxistas, constituye una infracción de la normativa de transporte, que impide a los turismos crear “líneas regulares”, ya que están reservadas al transporte colectivo y, en concreto, a los autobuses, así como el cobro por plaza individual o asiento, que Uber promociona a un euro.

Fedetaxi ha anunciado que se pondrá en contacto con el Ayuntamiento de Madrid a través de la Asociación Gremial de Auto Taxi de la capital para requerir que refuerce el servicio público de transportes, “incluido el taxi, al que se ha solicitado que dote de paradas lanzaderas”, para mejorar la movilidad de los ciudadanos mientras duran las obras. Además, pedirán al Consistorio que utilice los medios disciplinarios y de control a su alcance para “evitar la transgresión de la ley por parte de la multinacional”.

“La plataforma digital desvela con este comportamiento que su finalidad es sustituir los servicios públicos de transporte (incluso los de titularidad municipal) para quedarse el monopolio de la movilidad urbana y seguidamente tomar el control socioeconómico del mismo en su único beneficio”, apunta la asociación en un comunicado.

“El desprecio por la ley está en su ADN”

El presidente de Fedetaxi y AGATM, Miguel Ángel Leal, considera que “Uber vuelve a las andadas e intenta colocar en el mercado Uber Pool”, un servicio “prohibido”, por lo que “se ve que el desprecio por la ley está en su ADN”.

Los taxistas afirman que esta actuación ya es “marca de la casa” de Uber, que “tuvo que ser prohibida por un juzgado en diciembre de 2014 por realizar prácticas contrarias a la competencia de similar contenido a las que actualmente pretenden poner en marcha”.

Además, Fedetaxi considera un “agravante” que, en esta ocasión se ponga en riesgo a los usuarios que, “de buena fe se pueden encontrar involucrados en expedientes sancionadores que se abran a Uber”.


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La CNMC rechaza la denuncia contra Telefónica por restringir la competencia en contratos públicos

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado la denuncia de los rivales de Telefónica que acusaban a la multinacional española de llevar a cabo supuestas prácticas “restrictivas” de la competencia con el fin de “excluir” a sus competidores de las licitaciones convocadas por las administraciones públicas y grandes clientes empresariales.

El organismo macrorregulador ha señalado en una resolución que no se han podido probar como infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia las prácticas denunciadas por la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), que integra a los principales operadores alternativos a Telefónica como Vodafone, Orange o BT, entre otros.

Por esta razón, la CNMC ha archivado la denuncia y lo ha notificado a las partes interesadas. Contra esta resolución no cabe recurso alguno en fase administrativa, aunque sí en vía contenciosa administrativa ante la Audiencia Nacional, recuerda el organismo.

En su denuncia Astel señalaba que Telefónica seguía una “estrategia sistemática” para excluir a sus competidores o, al menos, limitar su capacidad de competir en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas para grandes clientes empresariales.

Para Astel, la principal práctica restrictiva es la aplicación de precios “muy elevados” para servicios mayoristas en los que Telefónica es el “único o el principal” proveedor y que son necesarios para prestar los servicios minoristas, donde sus rivales “compiten en desventaja”.

Asimismo, la asociación denuncian otras prácticas “abusivas” en los mercados minoristas, como los descuentos selectivos, el empaquetamiento abusivo de servicios y la participación de Telefónica en el diseño de los pliegos de licitación.

Para ello, la asociación presentaba el análisis de doce lotes de doce licitaciones públicas que, en conjunto, representan un valor aproximado total de 71 millones de euros en un ámbito temporal el comprendido entre 2008 y 2011.

No hay suficientes indicios

La CNMC señala en su resolución que estas licitaciones son una muestra “muy pequeña” del mercado de servicios minoristas a grandes clientes empresariales. Así, de acuerdo con el informe de la CMT de 2011 se estimaba que el valor total de los servicios de comunicaciones para las administraciones públicas ascendía a 823,4 millones de euros para el año 2008 y 774,4 para el año 2009.

“Con estos datos, tomando el valor anual de las ofertas efectivas en las licitaciones que se aportan en la denuncia, el peso relativo de estas operaciones apenas representa el 3,38% del total estimado para las administraciones públicas en 2009 y no llega al 0,25% de los ingresos declarados por los operadores en el segmento empresarial”, advierte la CNMC.

Respecto al empaquetamiento de servicios, la CNMC recuerda que en el caso de las licitaciones públicas, es la propia administración la que determina de forma unilateral el tratamiento que se va a dar a las ofertas empaquetadas, por lo que no se puede concluir “automáticamente” que existen indicios de que Telefónica haya incurrido en prácticas abusivas y añade que los operadores alternativos suelen ofertar también paquetes de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles.


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